LA MASACRE EN EL MOZOTE: VEINTE AÑOS DESPUÉS
El Salvador 1981 – 2001

Desde 1998, colaboro con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). En octubre del año 2001, viajé a El Salvador para documentar el trabajo del EAAF durante las exhumaciones e identificaciones de las víctimas de la masacre de El Mozote. La vivencia con los familiares me permitió entender como el involucramiento es esencial para la identificación de las víctimas mediante la lectura de los restos óseos y la reconstrucción histórica de los hechos.

Muchas familias fueron desplazadas durante el conflicto en El Salvador durante la década de los años ochenta. La paz en su tierra hoy significa encontrarse con un silencioso balance para lidiar con la pérdida de sus seres queridos, enterrados en fosas clándestinas hace mas de veinte años, aún cercanas a sus casas. El proceso de identificación de las víctimas mediante el uso de técnicas científicas forenses que permitan la restitución de los restos a los familiares es esencial para la restauración de un orden social.

La historia de la masacre en El Mozote y los mas de veinte años de investigación, ofrecen pautas únicas sobre la transformación del movimiento de derechos humanos. La batalla por esclarecer los hechos ocurridos en Morazán que se llevó a cabo tanto en El Salvador como en Estados Unidos en la década de los años ochenta, formó el modus-operandis del movimiento de derechos humanos al comprometerse en la ciudadosa documentación de los hechos.

Entre el 6 y el 16 de diciembre de 1981, las fuerzas armadas salvadoreñeras iniciaron una ofensiva a gran escala, llamada "Operación Rescate", en la departamento de Morazán, al noreste de El Salvador. El propósito de esta operación, liderada por el batallón élite de contrainsurgencia denominado Atlacatl, entrenado por Estados Unidos, era forzar la salida de las tropas de la guerrilla del área, destruir su estación de radio clandestina, y eliminar cualquier apoyo que tuvieran entre la población civil. Durante ese período, el ejército salvadoreño habría asesinado aproximadamente unos ochocientos civiles en seis aldeas vecinas.
Según la investigación conducida por Tutela Legal -una organización de derechos humanos establecida en 1980 por el entonces Arzobispo Oscar Romero, mas del 40 por ciento de las víctimas eran niños de menos de diez años.

A comienzos de la década de los ochenta, había poca información disponible para el público salvadoreño sobre la naturaleza y mecanismos de las operaciones militares en las áreas rurales. Ya no había más prensa de oposición y la información disponible era estrictamente controlada por las fuerzas armadas. Solamente un diario informó sobre la "Operación Rescate" mientras ocurría. Tanto la Cruz Roja Internacional como la prensa se les impidió el acceso a la zona. La radio de la guerrilla, Radio Venceremos, informó sobre las masacres recién a finales de diciembre de 1981.

El 27 de enero de 1982 la comunidad internacional se enteró de lo sucedido en El Mozote gracias a los relatos de los periodistas Alma Guillermoprieto, Raymond Bonner y la fotógrafa Susan Meiselas, quienes publicaron sus relatos y fotografías en el Washington Post y en el New York Times. Esos relatos se basaban en inspecciones personales del lugar y en entrevistas con los sobrevivientes, como Rufina Amaya.

Las noticias de la masacre encendieron un intenso debate en el Congreso de los Estados Unidos, en el momento en que se discutió la renovación de la ayuda militar a El Salvador. Tanto el gobierno salvadoreño como el Departamento de Estado norteamericano declararon que habían existido operaciones militares en el área, pero lo que ocurrió en El Mozote fue "un enfrentamiento entre el ejército salvadoreño y las tropas guerrilleras". Como no había evidencias de la masacre, argumentaban que los informes eran producto de la propaganda guerrillera.

El día después de que los relatos sobre las masacres fueron publicados en el Times y el Post, la administración Reagan certificó que el gobierno salvadoreño estaba "haciendo un esfuerzo concertado para cumplir con los derechos humanos internacionalmente reconocidos" y estaba "logrando un control sustancial sobre todos los elementos de sus propias fuerzas armadas como para terminar con la tortura indiscriminada y el asesinato de ciudadanos salvadoreños". Ambos gobiernos rehusaron apoyar posteriores investigaciones del incidente, sacándolo así de la atención pública por los años siguientes.

A pesar de la falta de voluntad de ambos gobiernos para investigar lo ocurrido, grupos de derechos humanos y habitantes de Morazán, incluyendo a los sobrevivientes y a los parientes de las víctimas, continuaron presionando para que se realizara una investigación completa de lo sucedido en El Mozote. En 1989, a pedido de organizaciones locales de Morazán, Tutela Legal comenzó una extensa investigación sobre la masacre. El 26 de octubre de 1990, Tutela Legal elevó un escrito inicial en nombre de los sobrevivientes de la masacre ante el juez Federico Ernesto Portillo Campos en San Francisco Gotera, Morazán, contra el Batallón Atlacatl.
A principios de 1992, poco después de que el gobierno salvadoreño y el FMLN firmaran los acuerdos de paz para terminar con la guerra, Tutela Legal invitó al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a colaborar con su investigación de la masacre en El Mozote y bajo los auspicios de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, EAAF exhumó sólo una fosa común en El Mozote y recuperó los restos de 147 individuos, de los cuales 131 eran niños menores de 12 años.

El informe del EAAF fue una de las principales bases para que la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas concluyera en 1993 que el ejército salvadoreño había cometido una masacre en El Mozote y cinco aldeas vecinas resultando en la muerte de al menos 500 personas y probablemente mas.
Sin embargo, unos pocos días después de que la Comisión presentara este informe, la legislatura salvadoreña aprobó una ley de amnistía que, no solo impedía presentar acusaciones contra los violadores de derechos humanos, sino que fue interpretada en ese momento como clausura a cualquier otra posibilidad de investigación, incluyendo exhumaciones en el caso de El Mozote.

A pesar de la ley de amnistía, los familiares de las víctimas de la masacre de El Mozote y de otros incidentes referidos a violaciones de los derechos humanos en El Salvador, continuaron demandando la realización de investigaciones. Finalmente se produjeron cambios en el clima político y la Corte Suprema salvadoreña se hizo más proclive a llevar a cabo investigaciones referentes a violaciones de los derechos humanos.
En respuesta a las demandas de los familiares, Tutela Legal comenzó una vez más el proceso para solicitar el permiso para la realización de nuevas exhumaciones en El Mozote. Finalmente el EAAF pudo realizar exhumaciones nuevamente entre el año 2000 y el 2003.

Muchas veces me he preguntado porqué los familiares continúan exgiendo la recuperación de sus seres queridos, veinte años después de su muerte. Pero no hay una solo respuesta. Sin duda, la identificación de los restos permite a los familiares que vivieron la masacre, encontrar un cierre. Solo después, los habitantes de Morazán podrán recrear un sentido de comunidad. Con estas fotografías espero transmitir las complexidades de alcanzar la paz en la ausencia de la guerra.